La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió informes a la oficina encargada de las escuchas judiciales y al juez federal Ariel Lijo, al resolver intervenir para determinar si hubo responsabilidades administrativas en la filtración de intervenciones telefónicas hechas a Oscar Parrilli en una causa judicial.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral quedó a cargo de una denuncia penal ya presentada por Lijo para investigar el origen de la filtración de esos audios.
Se trata de las escuchas entre el extitular de la AFI y la expresidenta de la Nación en la causa en la que Parrilli fue procesado por “encubrimiento agravado” del exprófugo Ibar Pérez Corradi, a cargo del juez federal Ariel Lijo.
La Corte Suprema resolvió tomar “intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes”. Lo hizo en base a “los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación”.
Por eso, en la resolución firmada hoy, el máximo tribunal del país requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación –Oficina de Captación de Comunicaciones- “que, a la mayor brevedad, tenga a bien informar al Tribunal toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición” en esa causa penal.
Además pidió a Lijo que informe “cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las intercepciones telefónicas ordenadas en la causa”.
(Fuente: Será Justicia).
